Un hecho de extrema gravedad institucional se ha concretado en la República Federativa de Brasil: la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.
Los 61 votos de los senadores opositores que posibilitaron la drástica medida pudieron más que los 54 millones de votos de la ciudadanía que reeligió en 2014 a Dilma, para presidir al país hermano por un segundo período.
Así, mediante argumentos calcados del manual destituyente que se ha instalado en la región de América Latina y el Caribe desde hace algunos años, se reitera el proceso que comenzó en Honduras, siguió en Paraguay y con matices que incluyen formas violentas, se intenta en Bolivia y Ecuador.
Los gobiernos surgidos por la voluntad popular en elecciones democráticas son acosados por la constelación de fuerzas políticas restauradoras de los modelos de concentración de la riqueza y exclusión social, acompañadas por los medios de comunicación dominantes y sectores hegemónicos del poder judicial.
En todos los casos, el denominador común es la vuelta al pasado en materia de políticas económicas y sociales, junto con el debilitamiento o el intento de disolución de los organismos de integración regional como el Mercosur, la Unasur y la Celac.
Esta dolorosa circunstancia que vive el país hermano, el principal aliado estratégico de la República Argentina, debe ser motivo de profunda reflexión para las organizaciones populares y muy particularmente en el movimiento cooperativo, dado su compromiso irrestricto con la democracia y el respeto por los derechos humanos, incluyendo los denominados económicos, sociales y culturales.
La integración a nivel nacional, regional e internacional del cooperativismo debería incidir en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, cuya vigencia en el ámbito latinoamericano dista de haberse consolidado en las pocas décadas transcurridas desde la finalización de los gobiernos dictatoriales.
Tal como lo señaló el IMFC durante la crisis de Semana Santa en 1987, cuando estuvo en peligro la reciente recuperación de la vigencia constitucional en nuestro país, la democracia se defiende con participación popular, solidaridad y justicia social. Y para ello, el movimiento cooperativo puede y debe realizar un aporte sustantivo.
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