Revista Idelcoop nº 248 - Marzo 2026 - ISSN Electrónico 2451-5418 /  Sección Reseñas

Idelcoop Fundación de Educación Cooperativa

Proposiciones. Producción Autogestionaria Cooperativa del Hábitat. Chile - América Latina. Aravena, Susana y Orrego, Javier (eds.) (2024). Ediciones SUR.

María Florencia Rodríguez[1]

Esta publicación digital lanzada en 2024 por Ediciones Sur reúne escritos de diversos especialistas académicos, académicas y activistas cooperativistas abocados/as a comprender y transmitir las prácticas colectivas de producción del hábitat en América Latina. Organizado por Susana Aravena y Javier Orrego, el presente número busca recuperar las iniciativas de producción social del hábitat y su impacto para la creación de comunidades sostenibles en un amplio abanico de países latinoamericanos como Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Perú, Uruguay, y la colaboración de España. Con foco en casos vinculados a la SELVIHP (Secretaría Latinoamericana de la Vivienda y el Hábitat Popular), aunque no todos parten de allí, estos textos buscan brindar conocimiento acerca del estado de avance de los actuales procesos de producción autogestionaria del hábitat, recuperando aquellas experiencias con dinámicas participativas descentralizadas que no solo promueven la autogestión y autonomización de la comunidad, sino también la solidaridad y la cohesión social. 

Estos procesos autogestivos requieren tanto de prácticas concretas como de abordajes analíticos para su comprensión, es por ello que los artículos presentes incluyen producciones académicas y también producciones de dirigentes y activistas que forman parte de estas experiencias como integrantes de las organizaciones colectivas cooperativas de vivienda.

La relevancia de esta temática y el recorte a nivel regional latinoamericano se inscriben en los procesos mismos de configuración de estas ciudades sobre la base de experiencias populares y autogestionarias de producción social del hábitat, enmarcadas en contextos urbanos caracterizados por los avances del neoliberalismo, la exclusión, la desigualdad y los altos niveles de segregación espacial, a los cuales el propio Estado no escapa. Los aportes de cada autor/a confirman el rol relevante del Estado ya sea para incentivar dinámicas financieras e inmobiliarias que favorecen la lógica del capital o revertir estos procesos a través de normativas y políticas que incentiven y promuevan el desarrollo de estrategias cooperativas de construcción de viviendas.

Con una extensión de 254 páginas, organizado en dos partes y 16 artículos este número está dedicado a las experiencias cooperativas de autogestión y producción de viviendas que emergen como estrategia contrahegemónica al modelo capitalista neoliberal. La presente publicación digital se inicia con la producción académica de la argentina Carla Rodríguez, quién a través de un abordaje de los estudios urbanos con perspectiva crítica caracteriza las principales tendencias de transformación experi­mentadas por las ciudades en América Latina, tomando en cuenta la lógica capitalista de la pro­ducción del territorio y los impactos de la financiarización en el reforzamiento de la desigualdad socio territorial. La autora evidencia el papel activo del Estado para la creación de nuevos escenarios de negocios inmobiliarios, privatización del suelo y segregación, a la vez que recupera como contrapartida las “tendencias divergentes” (2024: 30) de experiencias basadas en la Producción Social Autogestionaria del Hábitat Popular (PSAHP). Toma en cuenta el caso de la Federa­ción Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) en Uruguay, así como otras organizaciones autogestivas (Mo­vimiento de Ocupantes e Inquilinos - MOI) integradas en la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda y el Hábitat Popular (SEL­VIHP), cuyas prácticas de autogestión, propiedad colectiva, ayuda mutua e integralidad posibilitan la redirección hacia otras formas de producción/reproducción del territorio. Rodríguez concluye que desde los movimientos sociales latinoamericanos la Producción Social del Hábitat (PSH) está centrada en la reproducción ampliada de la vida, con foco en lo común, bajo prácticas desalienantes y democratizadoras, y que constituyen una batalla contracultural a las lógicas mercantilizadoras hegemónicas, al asumir que las políticas de hábitat y las condiciones de habitar y las dinámicas de uso y apropiación del suelo “son parte central de la vida geopolítica” (2024: 32-33).

La misma Rodríguez junto con Jeifetz desarrollan el segundo artículo centrado en la creación de la Ley 341 de PSH en la Ciudad de Buenos Aires y la propuesta de la Ley Nacional de Producción Social Autogestionaria del Hábitat Popular. En torno a la primera, estos autores recuperan las experiencias cooperativas autogestionarias del MOI (Movimiento de Ocupantes e Inquilinos) que, en conjunto con otras organizaciones sociales, movilizaron sus propuestas ante el Gobierno de la Ciudad para la confección de una normativa que promueva y acompañe políticas de producción autogestionaria de viviendas. Esto anuncia dos cuestiones centrales desarrolladas por Rodríguez y Jeifetz. La primera de ellas es la marcada diferencia que existe entre autogestión y autoconstrucción, una distinción relevante que abre paso al segundo aspecto, y es que la presencia del Estado se hace necesaria, aunque desde una perspectiva distinta a la mirada mercantil neoliberal hegemónica. Esto significa que es relevante la presencia del Estado en su rol específico/habilitante de los procesos autogestivos, pero confrontado y transformado por las propias organizaciones populares, en tanto sujetos colectivos, con capacidad de gestionar y producir hábitat (sin lucro) de manera comunitaria. Asimismo, Rodríguez y Jeifetz reconocen el surgimiento de la 341 como instrumento normativo nacido también del aprendizaje de la práctica y de los intercambios participativos a nivel regional con las organizaciones cooperativas de la Secretaría Lati­noamericana de la Vivienda y el Hábitat Popular (SELVIHP), así como de la labor activa de profesionales locales comprometidos/as con las problemáticas de la universidad pública y en torno a los procesos de producción social del hábitat. Aunque a nivel nacional se han presentado limitaciones para la aprobación de la ley de Producción Social Autogestionaria del Hábitat Popular, la autora y el autor expresan con claridad la importancia de esta normativa, asumiendo su alcance territorial general (más allá de cada localidad), en pos de impulsar dinámicas de producción más amplificadoras que la acotada visión “techista”. En este sentido la propuesta normativa no se basa en construir unidades habitacionales, sino producir vivienda, barrio, comunidad y sentido, recuperando los principios ancestrales de la ayuda mutua, el derecho a la belleza, y una visión de integralidad del territorio, sobre relaciones solidarias y participativas de producción que abonen a la construcción de un nuevo sujeto: humano, socialista y comunitario.  

El perfil social de profesionales comprometidos/as con las problemáticas urbanas y con los procesos de producción social del hábitat mencionados por Rodríguez y Jeifetz aparece como punto de interés en el texto de Ramírez Velarde. Preocupado por la realidad habitacional de Bolivia y la ausencia de respuestas a las necesidades de hábitat, este autor indaga en el papel de los arquitectos y la relevancia que asume la Arquitectura Social, centrando su análisis en el accionar de la ONG Fundación Prohábitat (FPH). A partir de esta experiencia, Ramírez señala la labor conjunta que esta organización ha desempeñado con los y las habitantes en la resolución de temas vinculados a la vivienda tanto en áreas rurales como en barrios populares urbanos de Tarija, Chuquisaca y Cochabamba. En sintonía con el autor y la autora precedentes, -quienes hacen referencia a la arquitectura autogestionaria desde una perspectiva en donde se identifican las formas de habitar centradas en la vida cotidiana y en la participación de los/las habitantes- el presente autor resalta la importancia de comprender la vivienda de manera más amplia, en tanto “¡no es solo la casita!” (2024: 58), también lo es el barrio, su entorno, las escuelas, los establecimientos de salud, las tiendas, las calles, las infraestructuras, los espacios de actividades sociales, económicas, de ocio y recreo. El arquitecto social debe conocer a los y las usuarias y con ellos efectuar una labor conjunta e interdisciplinaria con otros profesionales (sociólogos, sociólogas, economistas, ingenieros, ingenieras, trabajadores sociales, educadores y educadoras) de modo que la universidad acompañe y preste servicio hacia la resolución de las problemáticas que atañen a los sectores populares. Ramírez Velarde recuerda que no se trata de garantizar el derecho a la vivienda sino el derecho a la ciudad en función de una visión integral articulada con la comunidad organizada, el gobierno local, y la universidad.     

La relación entre el poder estatal y las organizaciones sociales autogestionarias aparece como un aspecto central en el análisis en cada una de estas experiencias, sobre la base de una dinámica que no está exenta de tensiones y complejidades. Los artículos de Mirón de Aguiar para el caso de Brasil, en torno al programa “Minha Casa Minha Vida – Entidades” invitan a pensar el papel de los movimientos sociales en la construcción de políticas habitacionales que respondan a las necesidades de la población desde una perspectiva autogestiva. Aquí también aparece una idea común precedente, pues no se trata de un programa de construcción de viviendas, sino de la construcción de ciudadanos y ciudadanas con capacidad activa y participativa para organizarse y enfrentar la realidad, sin perder de vista que, a través de esta orientación de la política pública de vivienda, se busca instalar estos principios colectivos de autogestión y organización como eje transformador en la cotidianidad. Los ciclos políticos y los vaivenes de los perfiles de gobiernos en América Latina han ido marcando el pulso, algunas veces a favor de estos procesos de producción y autogestión de viviendas (con sus alcances y limitaciones) y muchas otras, resultando restrictivo a estas prácticas.

Desde México, Georgina Sandoval aborda los desafíos, las tensiones y las contradicciones de los actores (públicos, privados, sociales y académicos) intervinientes en la política pública “Derecho Humano a la Vivienda Adecuada” durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2019-2024). Una cuestión que invita a la reflexión es la pregunta que abre cuando estas políticas de producción social de la vivienda son encabezadas desde el Estado como parte de la política habitacional nacional, en términos de su carácter transformador y de cómo son incluidos los principios de la Producción Social del Hábitat (PHS). En un contexto de largas décadas de políticas neoliberales cuyo financiamiento público estuvo dirigido a la vivienda “terminada” privada bajo la idea de que el mercado resolvería estas problemáticas, el gobierno de AMLO tuvo que enfrentar las inercias institucionales y el poder de los desarrolladores urbanos y sectores inmobiliarios. Como desafíos la autora señala que la PSH no es solo el autoconstrucción sino articular financiamiento, diseño participativo, buena localización y una política pública que potencie la producción social como parte estructural del sistema de vivienda. 

En línea con las medidas neoliberales implementadas en la región, en el caso de Chile, Javier Orrego analiza la Ley General de Cooperativas y cómo su modificación a partir de la Ley 19832 en 2002 ha obstaculizado el desarrollo cooperativo adaptando el ordenamiento jurídico a un modelo de economía social de mercado, con implicancias también en los procesos participativos y cooperativos de producción del hábitat. El autor señala la importancia que asumen las cooperativas como base organizativa capaz de sostener intereses colectivos por lo que la existencia de marcos legales e institucionales son fundamentales para habilitar la autogestión y la propiedad colectiva, sin embargo, tales marcos regulatorios deben acompañar estas experiencias evitando, por el contrario, vaciar la participación real en la producción del hábitat. Sobre las cuestiones de vivienda en Chile, Susana Aravena se propone visibilizar la historia del cooperativismo autogestionario de hábitat y las experiencias concretas de la última década. Con una mirada histórica y procesual presente, la autora enfatiza el análisis de cinco experiencias cooperativas con terreno propio y sus incidencias en la política pública. Si bien se resalta que las cooperativas surgidas en la última década aportan aprendizajes concretos para la política pública -en términos de gestión participativa, producción sin lucro, formas de tenencia alternativas-, también se señala la carencia de reconocimiento institucional a estas prácticas en tanto alternativa viable para la resolución de la problemática habitacional. En este sentido, y a la luz de su abordaje, la autora evidencia el desafío de integrar más estas experiencias en el marco normativo, promover la implementación de procesos de formación y formalización de la asistencia técnica, contribuir a la superación de prácticas asistencialistas, así como contrarrestar la hegemonía del subsidio a la demanda, potenciando los valores y principios del cooperativismo y el desarrollo de estructuras sociales y económicas que faciliten la producción de vivienda sin fines de lucro a través de cooperativas de trabajo, constructoras locales y el desarrollo de nuevas cooperativas productivas. [a1] 

En el marco de las experiencias concretas, esta autora también escribe junto con Yasna Amarales donde comparten las experiencias de las cooperativas autogestionadas que integran la Red de Hábitat Popular en las ciudades de Santiago y Valparaíso en Chile. [a2] En este escrito, las autoras refieren al surgimiento de la Red en el año 2010 en el marco de las políticas neoliberales y la importancia social y colectiva que asume esta organización. Como parte activa de la Secre­taría Latinoamericana de Vivienda y Hábitat Popular (SELVIHP), la Red de Hábitat popular reúne cooperativas de vivienda, de trabajo y organizaciones territoriales con el objetivo de impulsar proyectos y prácticas bajo los principios de los valores cooperativos, ayuda mutua, propiedad colectiva, democracia directa y economía solidaria. Entre sus acciones, la Red ha impulsado y acompañado experiencias como Cooperativas de Viviendas “Ñuke Mapu” y “Vivienda Yungay”, y la Cooperativa de Trabajo “REDsiste” en la ciudad de Santiago. Con otras características y un desarrollo distinto y autónomo del que se lleva a cabo en Santiago, la Red también funciona en Valparaíso junto con el Espacio Comunitario Santa Ana, el Espacio Comunitario Las Cañas, la Cooperativa de Vivienda Atahualpa y la Cooperativa de Trabajo Coordicoop. En cada una de estas experiencias las autoras dan cuenta de la importancia que requiere en estos procesos colectivos la institucionalidad, esto es la existencia de presupuestos y fondos públicos orientados a construcciones de viviendas autogestionarias, el avance de la instalación de la propiedad colectiva como alternativa a la propiedad individual y la colaboración del Estado en estas dinámicas resguardando la autonomía de las organizaciones y movimientos. Una vez más aparece el reconocimiento estatal como un actor fundamental para el desarrollo sostenido de estas organizaciones y dinámicas cooperativas de vivienda autogestionaria.

El caso de Ecuador abordado por Luisa Maldonado Morocho resulta interesante para reflexionar en esta relación Estado-Cooperativas, porque su aporte es desde su lugar como activista social y cooperativista. Debido a la falta de políticas estatales de viviendas dispuestas a atender de manera integral el déficit habitacional, la autora repone la experiencia en la Asociación de Cooperativas Múl­tiples de Quito “Solidaridad” (ACMQS) donde describe el proceso de conformación organizativa y el desarrollo de prácticas constructivas, bajo los principios de sostenibilidad ambiental, desarrollo comunitario y fortalecimiento de la economía social, en el marco de urbanizaciones de interés social. Su surgimiento como cooperativa toma cuerpo en el sur de Quito en los años ’90, tiempos donde el neoliberalismo hacía eco en toda la región latinoamericana. Luisa evidencia el papel clave que desempeña esta asociación nucleando a muchas cooperativas que funcionan en Red, con el fin de brindar apoyo organizativo a sectores populares excluidos del acceso a la vivienda y a las condiciones laborales dignas. Entre los logros alcanzados por esta asociación se menciona la implementación del Plan de Desarrollo Comu­nitario Integral (PDCI) y su relevancia en la consolidación de urbanizaciones de vivienda de interés social, la participación de las y los asociados y asociadas en el proceso constructivo mediante mingas y educación ambiental, la construcción de comunidades solidarias con impulso al cooperativismo y la economía social, así como la creación de un sistema pedagógico cooperativo de educación formal orientado a infancias y personas adultas. Sin embargo, como activista, Luisa también expone recomendaciones sobre el rol fundamental del Estado en términos de una implementación real y concreta de políticas de vivienda asequible, la promoción del funcionamiento de más cooperativas de vivienda, el despliegue de alianzas público-privadas y comunitarias para la construcción de viviendas sociales, el fortalecimiento de la planificación urbana integral y de desarrollo comunitario, nuevos enfoques de sostenibilidad ambiental, la instalación de programas de educación y formación, así como la creación de ámbitos de difusión de buenas prácticas.

Otra experiencia que permite vislumbrar las estrategias cooperativas frente a la ausencia de políticas de viviendas es el caso español. Iñaqui Alonso Echeverría analiza el edificio Entre­patios Las Carolinas en Madrid, un proyecto cooperativo de vivienda en derecho de uso y propiedad colectiva, conocido como cohousing. Su relato en primera persona da cuenta de su rol como integrante del colectivo y de este proyecto que tendría su impulso en el año 2000 aunque se materializaría concretamente dos décadas después. El autor señala la importancia de salir de una visión reduccionista y mercantilista de la vivienda a una perspectiva sistémica sostenida en un modelo ecológico, cooperativo y colaborativo basado en el derecho de uso.[a3]  En este marco, enfatiza como punto clave la incorporación de materiales naturales para las edificaciones entendiendo la responsabilidad que asumen los procesos constructivos actuales en la emisión de CO2. En su condición de tercera piel, la vivienda es concebida por Alonso como herramienta clave de trasformación radical de sus formas de vida y también de resiliencia, como se hace presente en esta experiencia. El cohousing que describe no solo busca atender una problemática habitacional, sino que detrás de eso se abona a una construcción distinta de relaciones con el ambiente, con la naturaleza y con otros seres, sobre todo entre personas capaces de generar procesos de transformación de las estructuras sociales.

Si quienes leen esta reseña se interesan por el componente social y político que expresan las formas de construcción cooperativas de vivienda por autogestión, entonces vale avanzar en la lectura de Uruguay en torno a la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM). Benjamín Nahoum describe el surgimiento, hacia fines de los años ‘60, de la organización cooperativa que da impulso a un sistema de producción de vivienda por autogestión. El autor resalta la relevancia de la institucionalidad a través del apoyo normativo y financiero que dieron marco a la existencia de esta experiencia, sin embargo, el modelo gana escala en la articulación entre técnica, trabajo colectivo, régimen de tenencia (uso-goce) y organización. Una particularidad que destaca el autor es que estas cooperativas desarrollan un sistema de organización basado en la propiedad colectiva y la ayuda mutua posibilitando una cohesión importante en el colectivo. Este último aspecto es clave a la vista del autor, pues una cooperativa sin un movimiento cohesionado y consciente de su objetivo, difícilmente podría haberse sostenido por décadas y alcanzar el nivel de desarrollo social que logró en todo el país. A su vez, el funcionamiento como Federación y su habilidad para entablar apoyos y relaciones con otros sectores sociales permitió tomar posición por otras cuestiones de la realidad social manteniendo además independencia y autonomía con respecto al propio Estado. En este punto la autogestión se presenta como una dinámica social compleja, pues produce vivienda, produce comunidad y produce sujeto político capaz de defender el sistema de producción autogestiva ante cambios de gobierno.

El ’68 abrió paso a varios procesos organizativos de transformación social. Así como tuvo lugar la creación de FUCVAM en Uruguay, en El Salvador se daba comienzo a la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL) con el objetivo de acompañar procesos de producción social del hábitat a familias en condición de vulnerabilidad. Aquí también los principios de ayuda mutua se convierten en la práctica cotidiana de estas formas cooperativas a la luz de los saberes e intercambios producidos con FUCVAM. Centroamérica y Suramérica unidos por el sentido de la cooperación y la organización colectiva en la construcción familiar de sus viviendas. Ahora bien, la autora Claudia Blanco señala las particularidades de la población que integra las Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (CVAM), campesinos y campesinas desalojados de sus tierras y despojados violentamente de sus formas de vida por decisión del Estado durante la guerra civil en El Salvador.  En este contexto de desarraigo se conforma la cooperativa “Héroes de Piedras Rojas” en el municipio de Victoria, junto con el apoyo de FUNDASAL donde se creó una metodología de labor colectiva basada en la solidaridad, organización y autogestión, principios que este campesinado conocía bien, pues fueron las estrategias que le permitieron resistir y mantenerse en pie frente a las adversidades de la guerra. Otra experiencia fue la Asociación Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua del Centro Histórico de San Salvador (ACOVICHSS) constituida por mujeres, madres solteras, en condición de pobreza. Su accionar colectivo dio paso a la construcción de dos edificios, convirtiéndose en la primera organización que incide en la política pública salvadoreña como cooperativa de vivienda por ayuda mutua. Clara se permite describir estas experiencias cuyas poblaciones están fuertemente atravesadas por situaciones de adversidad y resiliencia. A los conflictos armados internos, la pobreza estructural y los procesos contemporáneos de violencia social, también se le suman cuestiones naturales como los terremotos del año 2001, lo que ha llevado a diversos sectores de la población a organizarse en cooperativas y comunidades autogestivas como camino a otras formas de vida basadas en la democracia, el respeto, la protección y el cuidado. Clara enfatiza que en espacios con organizaciones cooperativas de fuerte red colectiva difícilmente pasen y tengan eco las prácticas violentas y delictivas a nivel estructural. Así también concluye que a más de cinco décadas del funcionamiento de FUNDASAL muchos aprendizajes se hacen presentes, entre ellos, que en los complejos habitacionales socialmente autoproducidos también se construye comunidad, que sus integrantes (aun en condiciones de desarraigo y vulnerabilidad) tienen saberes y riqueza de sus habilidades potenciadas en conjunto, que bajo estas formas de principios solidarios y comunitarios se crean ámbitos de paz en sus entornos inmediatos. Por último, también señala las dificultades históricas y actuales del Estado para afrontar el déficit habitacional en el marco de problemáticas sociales más amplias. 

Las cooperativas de vivienda de El Salvador son mencionadas por Alejandro Florian, como también la FUCVAM en Uruguay y el MOI en la Argentina. Este autor desarrolla su escrito con foco en la vigencia del concepto de la Producción Social del Hábitat y su aplicación práctica en un contexto donde por décadas la política de vivienda social estatal en América Latina ha sido cooptada por el enfoque neoliberal. Explica el autor que la metodología clásica de la medición del déficit de vivienda cuantitativo y cualitativo es anacrónica y que es necesaria la incorporación de otros indicadores que recuperen la PSH en el sistema de registro y análisis. Por su parte, el avance neoliberal debilitó la función pública de la planeación y por tanto se requieren instrumentos y criterios que prioricen el interés general, incluyendo localización adecuada y la regulación del suelo urbanizable. A esto se le suma el desafío de fortalecer las capacidades de las organizaciones populares y movimientos cooperativos para la producción social de vivienda sin perder de vista sus competencias con los principios e instrumentos de la economía solidaria. En cuanto a las viviendas, en un marco neoliberal de auge de la industria de la construcción y crisis climática, el autor señala la importancia de impulsar procesos constructivos con materiales locales, naturales y sostenibles que sustituyan el cemento y el hierro, bajo principios bioclimáticos, bioconstructivos y ecosistémicos.  

La mirada integral de la vivienda también es abordada por la autora chilena Doris González, quien presenta la experiencia del barrio Maestranza UKAMAU y describe cómo la autogestión implica, entre otras cosas, disputar suelo con buena localización en las áreas centrales de la ciudad. Pues, a la vista de la autora, no se trata de acceder solo a una casa, como una unidad aislada, sino de alcanzar el uso y goce de infraestructuras, servicios y externalidades urbanas desde una perspectiva de hábitat ampliada (localización, barrio, integración) en términos de democratización de la ciudad. Bajo este enfoque, la autora considera clave el papel que asume la participación comunitaria en un proyecto habitacional con estas características asumiendo el sentido de pertenencia, empoderamiento y compromiso responsable en la toma de decisiones por parte de sus integrantes. Así también señala la importancia del papel del Estado y la articulación conjunta con las organizaciones sociales a los fines de implementar otras formas de política pública que impulsen un desarrollo urbano inclusivo y sostenible. El movimiento Ukamau localizado en los terrenos de la Maestranza de San Eugenio, en la comuna Central de Santiago, da muestra de un proceso constructivo cooperativizado que, conformado en su mayoría por mujeres, puso en cuestión el desplazamiento de los sectores populares a la periferia logrando permanecer en la centralidad urbana, con viviendas sociales bien ubicadas, y la garantía de acceso a servicios básicos, bajo dinámicas que generan cambios significativos en las personas, sus relaciones entre ellas y con la ciudad.  

La relación género, autogestión y hábitat también es abordada por Elizabeth Andrade Huaringa y Ana Sugranyes, quienes abordan el proceso autogestionario “Rompiendo Barreras” organización integrada por mujeres de distintas nacionalidades latinoamericanas que luchan por la radicación del asentamiento Los Arenales en Antofagasta, Chile. Con la colaboración de Sugranyes, Andrade quien es integrante de este movimiento cuenta en primera persona el proceso colectivo de organización autogestionaria impulsado entre varias mujeres a los fines de promover la formalización de su barrio con la inclusión de los servicios (que bien distingue en públicos urbanos, servicios ciudadanos, y de los cuidados). Andrade señala el poder de la autogestión y también, en ese recorrido colectivo, los obstáculos que debieron enfrentar, pues, tras años de ayuda mutua e interculturalidad se abrieron espacios de negociación con el gobierno regional para avanzar en proyectos de integración social. Los desafíos estructurales son enormes en cuanto a las condiciones políticas, los tiempos, acceso a suelo e infraestructura; a la vez que toda autogestión requiere sostener la organización con compromiso político y comunitario. En esta experiencia prima una clara decisión de construir barrios de calidad que incluyan mejoras económicas, sociales y culturales de la vida de las habitantes del asentamiento, desde una perspectiva del derecho a la ciudad, y de género, así como con un enfoque de cuidados, calidad ambiental y seguridad ciudadana. 

A lo largo de estas páginas, la vivienda y el suelo aparecen como elementos enlazados en los procesos autogestivos y cooperativizados, aunque existen particularidades según las características de cada región y los procesos sociales de cada país. El acento puesto en uno y otro, cambia según los abordajes de los escritos que componen esta publicación. Los aportes de Riofrío sobre el caso de Perú permiten vislumbrar que, a diferencia del resto de América Latina, las organizaciones vecinales en los años ‘60s tuvieron como objetivo central la producción colectiva de la urbanización del suelo más que la edificación colaborativa de la vivienda. En estas famosas “barriadas peruanas”, el Estado reconoció por ley las ocupaciones “de hecho” aunque sin un plan de intervención que garantizara una urbanización social. Sobre este hecho fueron las propias familias organizadas en sus barrios las que dieron pulso al proceso de urbanización mediante la realización de obras colectivas de provisión de servicios y acondicionamiento del espacio acorde a las necesidades comunes de la población. Tales dinámicas fueron modificándose hacia los años ’90 mediante otros procesos de ocupación y venta de suelo conocidos como “urbanizaciones piratas” bajo prácticas muy distintas a las ejercidas por estos colectivos precedentes que habían propiciado la urbanización colectiva popular de sus barrios y de la ciudad.

En tiempos de neoliberalismos descarnados y profunda individualidad que anestesian toda empatía reseñar una publicación así se hace preciso como recordatorio del pulso vital que anida en las experiencias de nuestra américa: recorridos autogestivos, cooperativos y colectivos de producción social de la vivienda y hábitat, que es también el grito fuerte y constructivo de sembrar, como protagonistas, otros caminos posibles de vida. Para quienes tengan curiosidad y e interés en conocer experiencias latinoamericanas de producción social de la vivienda estas páginas podrán ser leídas con pertinencia.