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DOCUMENTOS Y DECLARACIONES
Apoyo de la RUESS a la Cooperativa Integral Regional (COOPI) de Carlos Paz
Número 233 / Año 2021 / Por Red Universitaria de Economía Social y Solidaria

Revista Idelcoop nº 233. Marzo 2021 - ISSN Electrónico 2451-5418 /  Sección Documentos y declaraciones

Idelcoop Fundación de Educación Cooperativa

 

 

10 de Febrero de 2021

 

Apoyo de la RUESS a la Cooperativa Integral Regional (COOPI) de Carlos Paz

 

La Red Universitaria de Economía Social Solidaria (RUESS) manifiesta su apoyo a la Cooperativa Integral Regional (COOPI) en la defensa del agua como bien común y de la dignidad de sus trabajadores y trabajadoras. La reconocida obra de Elinor Ostrom y la práctica concreta de muchas organizaciones cooperativas en nuestro país han demostrado que los bienes naturales como el agua pueden ser administrados en forma sostenible con un régimen que no sea estatal ni privado en tanto no existe nadie mejor para gestionar un “recurso” de uso común que los propios implicados. Por cuanto son ellos y ellas quienes pueden aplicar criterios de eficiencia y de solidaridad a la vez, es decir, orientarse por una racionalidad con arreglo a valores. La gestión comunitaria puede ser incluso más efectiva que la gestión pública (por la falta de proximidad o de implicancia que pueden alcanzar las burocracias) y sin dudas que la gestión privada, la cual genera exclusión en el acceso, en tanto prima la búsqueda del lucro, contribuyendo a que los bienes comunes se transformen en commodities y mercantilizando aquello que nunca imaginamos, podría llegar a ser capturado por el mercado (para muestra asistimos a la flamante cotización del agua en bolsa en los mercados a futuro de Estados Unidos)

 

Sin embargo, para poder gestionar bienes de manera comunitaria se requiere de altos niveles de articulación, comunicación, planificación participativa, del fomento de la educación y la cultura popular, de la valorización de las identidades locales; en suma, hace falta una inteligencia colectiva que la COOPI ha sabido encauzar y promover durante 57 años, estrechando lazos entre trabajadores y comunidad de usuarias y usuarios así como también con otras organizaciones y actores colectivos de Villa Carlos Paz y localidades del sur del Valle de Punilla.

 

Por eso, quitarle la concesión de los servicios con sentido público a la Cooperativa Integral Regional de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo Limitada (COOPI), no es solamente quitarle la distribución del agua y desarmar el modelo de prestación del gas natural, afectar el mantenimiento de las cloacas, el funcionamiento del banco solidario de sangre, las farmacias, los servicios de salud y sepelio, la telefonía, la escuela primaria y el secundario de adultos, las innumerables actividades y eventos que se desarrollan en el ámbito cultural contribuyendo con la creación de valores que unen y cohesionan a una sociedad en la que se quiere imponer un modelo de consumo cultural mercantilista.

 

Quitarle la concesión a la COOPI implica, además de todo lo señalado, desarmar y echar por tierra esa inteligencia y voluntad colectiva, esos esfuerzos de coordinación y aprendizajes para trabajar por lo común que se han construido durante todos estos años; es asestar un golpe brutal a las y los trabajadores y a su resistencia a la mercantilización de los bienes comunes naturales y de aquellos que son producto de la creatividad del ser humano.

 

Como en tantas otras experiencias, el mundo universitario no ha estado ausente de estas luchas por una economía social y solidaria. En este caso, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba “se ha encontrado en trabajos conjuntos y comprometidos con la cooperativa, en la búsqueda de mecanismos que garanticen el derecho al agua y permitan la provisión de agua a

 

sectores vulnerables. También en investigaciones sobre la percepción de las y los usuarios de servicios públicos en Villa Carlos Paz que dan cuenta de la valoración de la COOPI en la gestión de los servicios públicos con criterio de eficiencia y solidaridad, capacidad técnica y conocimiento de sus trabajadores y trabajadoras; así como su valor histórico como actor social local. Estos estudios han mostrado una mayoritaria preferencia de la población por la continuidad de la cooperativa, por la calidad del servicio, los vínculos con la comunidad y la gestión”, como se menciona en el comunicado emitido por la misma Facultad.

 

Esta decisión de retirar la concesión nos parece contraria al bien de la comunidad, por lo cual desde la Red Universitaria de Economía Social Solidaria (RUESS) compartimos el reclamo del INAES para que "se permita a la entidad la continuidad de su actividad socio comunitaria, evitando de esta manera, una salida inadecuada y una situación perjudicial a la comunidad en general" (Resolución 2921/90 del 5/2/21), expresamos nuestro rechazo a la desposesión de la prestación de servicios públicos brindados por la COOPI, y nos comprometemos a defender a la cooperativa ante la arbitrariedad y nocividad de esa decisión. Nuestra defensa de la gestión cooperativa en esta coyuntura se enmarca además en la convicción de que el Estado en sus distintos niveles e instituciones debe comprometerse con la construcción de otro tipo de relaciones sociales en donde prime la reproducción ampliada de la vida, por tanto debe crear condiciones para la ampliación y sostenibilidad de servicios con amplia participación de los actores comunitarios.

 

La experiencia de la pandemia nos lleva a afirmar, más que antes, la necesidad de avanzar en el despliegue y desarrollo de otras economías dirigidas al bien común. Lejos de desmantelar esta experiencia, creemos que es necesario trabajar articuladamente desde lo público y lo asociativo para que cada vez sean más las organizaciones que brindan múltiples servicios y logran el acceso a derechos desde una lógica no lucrativa. La concesión a cargo de la cooperativa evita también posibles tentaciones especulativas futuras que tiendan a una privatización lucrativa del servicio, y es garantía de cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional, porque las asociadas y asociados van a defender lo que sienten como propio ya que los beneficios impactan en su territorio y en las generaciones presentes y futuras.